Proyectos energéticos insostenibles evitados gracias a la oposición social.
El Consejo Constitucional de Francia valida plenamente la ley antifracking gala
El 11 de octubre de 2013, el Consejo Constitucional de Francia (organismo equivalente al Tribunal Constitucional español) ratificó la plena validez de la Ley estatal gala del 13 de julio de 2011 por la que se prohíbe la utilización de la técnica de fracturación hidráulica (fracking) en las prospecciones y extracciones de hidrocarburos en Francia. Esa Ley anulaba los permisos concedidos previamente.
Una de las empresas que había conseguido permisos de explotación de gas con esa técnica antes de la entrada en vigor de la ley había planteado varios recursos de inconstitucionalidad contra la citada normativa alegando que generaba una supuesta situación de discriminación con respecto a otras empresas con explotaciones de gas que no utilizan fracking y por lo tanto les situaba en una situación de indefensión.
La ley antifracking francesa, que se basa en el Principio de Precaución, consideró que este procedimiento de extracción de hidrocarburos supone riesgos e impactos superiores a los que se pueden atribuir a otros procedimientos.
El alto tribunal francés ha rechazado completamente dichos recursos al no considerar valido el argumento presentado por las compañías supuestamente afectadas y ha sentenciado que la decisión del Gobierno francés de prohibir todo tipo de fracking por motivos de prevención y protección del medio ambiente fue correcta y jurídicamente irreprochable.
El Consejo Constitucional afirma en su resolución que con la prohibición del uso de la fracturación hidráulica en la explotación de hidrocarburos en el territorio francés, “el legislador pretende evitar los riesgos que este proceso de exploración y explotación de hidrocarburos probablemente pueda ocasionar en el entorno”.
En consecuencia, el Consejo Constitucional concluye que “las disposiciones de la Ley de 13 de julio 2011 que prohíbe la exploración y explotación de los hidrocarburos de la fracturación hidráulica y derogar los permisos de investigación que impliquen el uso de esta técnica “son consistentes con la Constitución”.
El Gobierno francés recibió con satisfacción la sentencia del Consejo Constitucional y la calificó de “victoria jurídica, ecológica y política”. El Gobierno galo considera que la sentencia convierte en “jurídicamente inatacable” a la ley de 2011, reconoce “los riesgos para el medio ambiente” que representa esta técnica y avala la política gubernamental de disminución de consumo de hidrocarburos para reducir un 30% el uso de energías fósiles en el horizonte de 2030, a la vez que reafirma su apuesta por la transición energética hacia las energías renovables.
Por otra parte, en España, se suceden las declaraciones institucionales en contra del fracking. Tras las leyes antifracking de varias CC.AA., las resoluciones de diversas diputaciones provinciales y mociones de numerosos ayuntamientos, ahora ha sido la Diputación de Valencia la que ha dado el siguiente paso.
Ésta, en su pleno ordinario del 22 de octubre de 2013, aprobó por unanimidad de todos sus grupos políticos solicitar a las Cortes Valencianas y al gobierno valenciano que se declare la Comunitat Valenciana Territorio Libre de Fracturación Hidráulica y que no se permita la utilización de esta técnica en todo su territorio.
Según la propuesta aprobada, la entidad provincial también instará al Gobierno central y al Consell a denegar la concesión de permisos de búsqueda y explotación de hidrocarburos por medio de esta técnica y a suspender los permisos en vigor.
