Foto: Amazonía Andina.
La organización Forest Trends publicó un estudio que señala que la producción agrícola ha sido responsable de casi el 50% de la deforestación ilegal entre el 2000 y 2012. Pero este problema es apenas la punta del iceberg. El aumento de la deforestación, o el asesinato de indígenas peruanos por proteger los bosques de madereros ilegales nos demuestran que nuestra Amazonía no está protegida, ni los árboles antiguos, ni las comunidades nativas que viven de ella, ni los ecosistemas que habitan dentro.
Paulo Adario de Greenpeace es un brasileño que ha dedicado toda su vida a la protección de bosques, ha liderado campañas para su protección a través de su trabajo en la organización internacional y fue reconocido en 2012 como Héroe de los Bosques por la ONU. En su columna publicada en ElPaís.com, nos cuenta una cruda verdad relacionada con nuestra Amazonía y nos obliga a reconocer que este problema también es nuestro.
Tres malas noticias desde Brasil casi el mismo día. El Gobierno federal ha confirmado recientemente que la tasa anual de deforestación en la Amazonia brasileña volvió a crecer; cuatro lideres indígenas peruanos fueron asesinados por defender a los bosques (posiblemente por madereros brasileños dedicados a la tala ilegal en la desprotegida frontera entre los dos países), y finalmente, un estudio de la ONG norteamericana Forest Trends muestra que la producción de productos agrícolas, liderada por Brasil, ha sido responsable de casi el 50% de la deforestación ilegal ocurrida en los trópicos para la producción de alimentos entre 2000 y 2012.
Como ciudadano brasileño viviendo la Amazonia, y después de algunos años celebrando éxitos y avances en la pelea contra la deforestación en la región, me siento como si hubiera perdido otra Copa del Mundo por otro inesperado siete a uno.
Hay que reconocer que los datos de Forest Trends han estado influenciados por la fuerte deforestación en la Amazonia brasileña entre los años 2000 y 2005. Pero desde el 2006, cuando las empresas responsables del 94% del comercio de soja brasileña firmaron un pacto con varias ONG lideradas por Greenpeace para no comprar más soja procedente de zonas deforestadas, la caída de los índices de deforestación fue considerable. Algo parecido resultó del acuerdo con las tres mayores empresas de productos congelados de Brasil para eliminar de su cadena de comercialización carne y otros productos contaminados por este fenómeno. Además, ciertas medidas positivas del Gobierno y un escenario internacional favorable también contribuyeron para mejorar las expectativas de que sí es posible para un país enfrentar los productores ilegales y crecer sin destruir a sus bosques.
Pero el aumento de 29% en la destrucción de los bosques amazónicos en 2013 y las recientes estimaciones del instituto de investigación independiente Imazon de un nuevo aumento para este año, sumados a la repetición de casos de violencia absurda y a la creciente influencia política de los sectores más conservadores de la agroindustria brasileña en vísperas de las elecciones generales de octubre y noviembre, muestran que se desvaneció la ola brasileña de optimismo y buenas noticias para usted, el medio ambiente y el clima planetario.
Hace dos años, el Congreso Brasileño aprobó, bajo inspiración del poderoso lobby de la agroindustria, la reforma del Código Forestal, debilitando la legislación encargada de proteger los bosques del país. Este nuevo código, a pesar de no haber sido implementado aún, está siendo ahora utilizado por las grandes compañías de soja como una excusa para intentar poner fin a la moratoria en vigor desde 2006. Si esto pasa, los consumidores europeos tendrán en el 2014 mas deforestación en sus platos. Pero esto no es el único problema.
Si los Estados donde más se ha incrementado el área deforestada en 2013, Mato Grosso y Pará, son grandes productores de soja y carne, el Estado de Pará es también el mayor productor y exportador de madera en la Amazonia brasileña. Y es, por cierto, el principal estado suministrador de madera al mercado español. El mismo Imazon ha estimado que, entre agosto de 2011 y julio de 2012, el 78% de la tala en este estado era ilegal. En el caso de Mato Grosso, y para el mismo periodo, la estimación es del 54% de la madera talada era ilegal.
La tala ilegal se produce tanto en tierras públicas como en territorios indígenas o propiedad de las comunidades; la falta de control de las actividades forestales y la poca capacidad de aplicación de la ley forman parte del problema; pero este está alimentado por la alta demanda de madera sin requerimientos ambientales, incluyendo especies de alto valor como el ipé. Me cuentan mis compañeros de España que esta madera es fácil encontrarla en puentes, pasarelas y otras obras públicas financiadas con el dinero de los ciudadanos españoles. Puedo pasearme por Madrid sintiendo el dolor de la Amazonia bajo mis pies.
Un informe de Greenpeace Brasil, hecho público el pasado mes de mayo, documenta hasta cinco maneras diferentes de blanquear la madera obtenida ilegalmente. De acuerdo con el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables), solo en los Estados de Maranhão y Pará casi 500.000 metros cúbicos de madera tenían documentos falsos en 2013. Dada la situación, la magnitud del fraude y la alta corrupción, no hay duda de que los documentos oficiales emitidos por el Gobierno de Brasil para certificar la legalidad de la madera no pueden considerarse, por sí solos, evidencias de legalidad. Es cierto que cabe al Gobierno brasileño resolver su parte en del problema. Pero enormes cantidades de esta madera ilegal tienen como destino Europa, Estados Unidos, China y otros países.
Desde marzo de 2013 está en vigor el Reglamento de la Madera (conocido por las siglas EUTR, European Union Timber Regulation), una legislación que obliga a las empresas importadoras de madera a evaluar a sus proveedores de madera, según países y regiones de procedencia, para asegurar la legalidad de toda la cadena de suministro y evite la comercialización dentro de las fronteras europeas de madera ilegal. En Europa, dicen los importadores, la madera tropical brasileña es «de alto riesgo».
Y, aquí viene la sorpresa para mi, la Comisión Europea reconoció el pasado mes de julio que pese a haber transcurrido más de un año de su entrada en vigor, la mayoría de los países no estaban aplicando ningún tipo de control a las importaciones de madera procedente de regiones de alto riesgo, como la República Democrática del Congo o Brasil. En el caso de España, no es que no haya controles, es que ni siquiera había un decreto o una ley que establezca las responsabilidad de estos controles, su metodología o un régimen sancionador en caso de incumplimiento. Imagine entonces si tuviéramos mecanismos similares al EUTR para acabar con las ilegalidades involucradas con la producción y distribución de todos los productos provenientes de zonas de bosques tropicales…
Así que no es solo un problema de Brasil, no es solo un problema nuestro. Es también un problema de ustedes.
Fuente: ElPaís.com
